Era Año nuevo de 1994. Cuando estaba a punto de caer el alba, un grupo de indígenas guerrillas mayas lanzaron un ataque coordinado en varias ciudades y pueblos por todo el estado meridional de Chiapas, México. Se llamaban a sí mismos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y usaban pasamontañas negras y bandanas de cachemira rojas conocidas como paliacates.

Estados Unidos acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que supuestamente se creó para reducir las barreras comerciales y aumentar la inversión empresarial entre Canadá, Estados Unidos y México. También inundaría a México con maíz importado, el que los zapatistas y otros agricultores de subsistencia creían que sería su muerte, literalmente, según sus palabras.

Los zapatistas, armados con machetes y rifles anticuados, tomaron el control del palacio municipal de la pintoresca ciudad montañosa de San Cristobal de las Casas. Se estima que entre 600 y 2.000 tropas, de humildes orígenes agrícolas y en gran medida entre los 18 y 30 años, casi todos mayas indígenas del estado de Chiapas, participaron y leyeron una declaración de guerra desde la Selva Lacandona, diciendo: “Ya basta” (EZLN). Le declararon la guerra al ejército, al estado y al gobierno federal y al Partido Revolucionario Institucional, que había estado en el poder por 65 años.

“Somos producto de 500 años de lucha: primero en contra de la esclavitud, luego durante la Guerra de la Independencia contra España liderada por los insurgentes, para posteriormente evitar ser absorbidos por el imperialismo norteamericano”, según su declaración.

Su declaración de guerra fue un último recurso, aunque visto como necesario para alcanzar cosas como “trabajo, tierra, alojamiento, alimento, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”, según decían. Tomaron el nombre de Zapatista del revolucionario mexicano de principios del siglo XX, Emiliano Zapata, quien dijo: “La tierra nos pertenece a todos los que la trabajamos”.

A diferencia de muchas revoluciones en el hemisferio sur, estos rebeldes indígenas nunca buscaron tomar el poder y siempre operaron bajo el principio democrático de “mandar obedeciendo”. Otros principios incluyen “proponer, no imponer”, “convencer, no conquistar” y la construcción de un “mundo en el que caben muchos mundos”.

El gobierno mexicano desplegó miles de soldados en Chiapas para combatir esta insurrección. Durante los próximos 11 días, los zapatistas participaron en la batalla con el ejército mexicano y más de 100 personas, principalmente zapatistas, fueron asesinados en combate. Amenazando con marchar a la capital de México, los zapatistas obligaron al gobierno a entablar una mesa de negociación, implementándose un alto al fuego el 12 de enero de 1994. Los carismáticos y fumadores voceros de los zapatistas conocidos por su nom de guerre, el subcomandante Marcos, anunciaron que dejarían de usar sus armas, pero que la rendición llegaría por sobre sus cadáveres.

A pesar de que el gobierno mexicano aceptó el alto al fuego, también armaron grupos paramilitares que operaban fuera de la ley, profiriendo violentas amenazas contra los residentes, lo cual causó que miles de indígenas fueran desplazados de su tierra, incluidos aquellos que eran partidarios, y aquellos que no, de los zapatistas (Anderson). El conflicto siguió por años, y en 1997 ocurrió una horrenda masacre en Acteal, una comunidad indígena pacifista aliada con los zapatistas, a manos de los paramilitares, presuntamente capacitados por el ejército y financiados por los partidos políticos. Cuarenta y cinco miembros indígenas de la comunidad de Acteal que se encontraban rezando en la iglesia fueron asesinados, incluidas 21 mujeres, nueve hombres y 15 niños.

Por años los zapatistas celebraron conversaciones mediadas en las que destacaba su deseo de garantizar los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Previo a la masacre en Acteal, el gobierno y el EZLN firmaron un acuerdo, conocido como los Acuerdos de San Andrés, que estableció una “nueva relación entre las poblaciones indígenas y el Estado, en base al reconocimiento de su derecho a autodeterminación y los derechos judiciales, políticos, sociales, económicos y culturales que obtienen de ello” (Acuerdos de San Andrés). Sin embargo, el gobierno no se adhirió a los acuerdos, lo cual fue considerado como un acto de traición por parte de los zapatistas.

El fracaso de la implementación de los Acuerdos de San Andrés en la década de 1990 y el pasaje de una ley subsiguiente, que los Zapatistas consideraban de carácter inferior, conocida como la reforma indígena, abrió las puertas de la minería en México en lo cual los derechos de las comunidades indígenas para rechazar tales proyectos perjudiciales de extracción en sus territorios eran bastante limitados. El nuevo presidente de centro izquierda de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, está planificando la construcción de un tren de pasajeros y de un pasillo de árboles frutales y madera que entrecruzaría el territorio zapatista. El subcomandante Moisés anunció que los zapatistas están en total desacuerdo con estos planes, ya que tienen la creencia de que estos no les reportarán ningún beneficio (Moisés).

Pero esto no significa que los esfuerzos revolucionarios de los zapatistas fueran en vano.

Chiapas, el estado del sur de México que limita con Guatemala y donde operan los zapatistas, es uno de los estados más pobres de México, aunque también uno de los más ricos en recursos naturales. En los años transcurridos desde los Acuerdos, los zapatistas han construido escuelas en lugares que no contaban con estos establecimientos y brindan servicios dentales y médicos esenciales en comunidades donde la gente antes tenía que caminar muchas horas para llegar a un médico. Aún carecen de los fondos necesarios y de recursos, pero el área ha experimentado una mejora significativa.

En 1994 una revolución indígena era un sueño para los guerrilleros que lanzaron el ataque; para los adolescentes zapatistas de hoy, esta revolución es la única realidad que conocen. Gracias a los Zapatistas, se han desarrollado en comunidades completamente autónomas con sus escuelas bilingües, cooperativas de trabajadores y agricultores, y clínicas de salud independientes y tienen roles voluntarios rotativos en su gobierno. Ellas cuentan sus propias historias a través de la producción mediática, y mujeres y hombres participan en el gobierno según lo dicta la ley revolucionaria de la mujer (Marcos). Esta ley fue implementada poco antes del levantamiento de 1994 y garantiza que “las mujeres tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y en el nivel que su capacidad y voluntad les dicta”. También contiene cláusulas contra el matrimonio forzado y en defensa de los derechos de las mujeres a trabajar y ser indemnizadas, a elegir cuántos hijos quieren y a tener acceso a la salud y la educación.

Avanzamos rápido hasta el 1 de enero de 2019. Un grupo de adolescentes, vestidos de rojo con pasamontañas, bailan la canción “Latinoamérica” del grupo de rap puertorriqueño, Calle 13. La letra en español resuena a través de la cancha de baloncesto en la que se encuentran en medio de la Selva Lacandona: “No puedes comprar el sol. No puedes comprar la lluvia. No puedes comprar mi vida. La tierra no se vende”. Uno de los bailarines sostiene un cartel en honor a la vida del Subcomandante Pedro, muerto en combate durante el levantamiento zapatista de 1994.

Este baile es solo uno de las decenas de actos culturales que forman parte de la celebración de los 25 años del levantamiento en La Realidad, uno de los centros administrativos zapatistas donde celebran reuniones de su gobierno autónomo. Este año asistieron más de 5.000 zapatistas de todo Chiapas, así como unos pocos miles de aliados, tanto mexicanos como otros simpatizantes internacionales que se han inspirado en su política anticapitalista.

“Hace más de 500 años nuestras abuelas y abuelos no eran tomados en cuenta por el sistema capitalista, porque para ellos no valían nada, eran solo esclavos de los patrones”, dijo una joven zapatista, Berenice, quien habló en representación del gobierno autonómico. “Ellos dieron su vida, para que nosotros, las nuevas generaciones, podamos tener una vida mejor”.

Se estima que con 250.000 miembros, los zapatistas constituyen aproximadamente el 5% de la población de Chiapas. Tienen cinco centros de gobierno local conocidos como caracoles, repartidos por las regiones de selva, montaña y selva tropical del estado. Cada caracol está compuesto de un colorido arcoíris de murales que celebran los derechos de las mujeres y los indígenas y denuncian a las corporaciones multinacionales y al ejército. Las “reuniones del buen gobierno” se realizan en el caracol en la lengua indígena respectiva de cada región, que incluye tojolabal, chol, tzotzil, zoque y tzeltal.

Hace seis años, los zapatistas lanzaron el programa “Escuelita”, en el que jóvenes y mayores pasaban una semana viviendo dentro de una comunidad autónoma y tomaban el curso de primer grado de “La libertad según los zapatistas”.

“El cambio que deseamos es que un día la gente, el mundo, los hombres y las mujeres, decidan cómo quieren vivir y que ningún grupo pueda tomar decisiones sobre la vida de millones de seres humanos”, según lo declaró el subcomandante Moisés el 31 de diciembre.

Unos 2.500 militantes que portaban porras simbólicas, en lugar de las armas que aún poseen, lo vitorearon. Su mensaje fue que no permitirán que el gobierno invada su territorio y todo lo que han ganado en los últimos 25 años. “Siguen pensando que todavía somos ignorantes y estamos atrasados, compañeros y compañeras. Pero estamos aquí y dispuestos a defendernos”, dice Moisés. Los partidarios coreaban de vuelta, “no estás solo”.

Nota: Este artículo apareció originalmente en Teen Vogue el 30 de enero de 2019.